El juez Francis J. Mathew, del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, ordenó el miércoles 21 de octubre que Meta pague 25.000 millones de dólares (unos 22.300 millones de euros) por haber engañado a los usuarios de Facebook sobre el control de sus datos y la moderación de contenidos. La ley del estado le permitía llegar a 219.498 millones de dólares, y él mismo escribe en la sentencia publicada por la fiscalía del estado que la conducta de la empresa justificaba ese máximo. Aun así, fijó la sanción en algo más de una novena parte de ese tope.
Meta ha anunciado que recurrirá. Mientras tanto, la deuda acumula un interés del 15% anual. El dinero, si llega a cobrarse, irá a Nuevo México y no a los usuarios.
Qué pasó con Cambridge Analytica
El caso nace de un test de personalidad. Aleksandr Kogan, entonces profesor de psicología en la Universidad de Cambridge, creó una aplicación para Facebook llamada thisisyourdigitallife, y unas 270.000 personas la instalaron y le dieron permiso para leer su perfil. Las reglas de Facebook de aquella época dejaban que una aplicación leyera también algunos datos de los amigos de quien la instalaba, siempre que la configuración de privacidad de esos amigos no lo impidiera. Esos amigos no habían instalado nada ni aceptado nada.
Así, unos pocos cientos de miles de participantes bastaron para exponer datos de decenas de millones de personas. Facebook calculó en 2018 que la información de hasta 87 millones de usuarios, la mayoría en Estados Unidos, pudo acabar en manos de Cambridge Analytica, la consultora política británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que usó esos perfiles para afinar anuncios electorales.
Según la versión de la propia Facebook, la red social supo en 2015 que Kogan había pasado los datos a terceros, retiró la aplicación y obtuvo de los implicados una garantía por escrito de que los habían borrado. En marzo de 2018 se publicó que no era así, y el escándalo estalló.
Por qué un estado puede sancionar así
Nuevo México no ha aplicado una ley de privacidad, porque Estados Unidos no tiene una general como la europea. Su fiscal general, Raúl Torrez, demandó en 2021 a Meta por la Ley de Prácticas Desleales del estado, una norma de protección del consumidor que prohíbe engañar a los clientes en una relación comercial. Para condenar, el jurado no tuvo que comprobar que algún vecino perdiera dinero o leyera las afirmaciones públicas de Facebook, solo que la empresa las hizo sobre su servicio sabiendo que eran falsas.
El jurado de Santa Fe declaró engañosas y deliberadas 26 declaraciones públicas hechas entre el 24 de mayo de 2010 y el 18 de agosto de 2021, algunas de ellas del propio Mark Zuckerberg y de Sheryl Sandberg, entonces número dos de la empresa. La sentencia resume así el primer grupo de declaraciones: «Facebook prometió a los usuarios que ellos controlaban sus datos. Era falso».
Los hechos probados detallan otros engaños. En 2014, Facebook anunció que las aplicaciones dejarían de leer datos de amigos, pero llevaba más de un año planeando excepciones para socios comerciales que nunca contó. Después de Cambridge Analytica prometió avisar a todas las personas cuyos datos hubiera usado mal alguna aplicación. Su propia investigación interna encontró más de 2.000 aplicaciones que deberían haber generado ese aviso, y solo notificó a los usuarios de dos.
De dónde salen 219.000 millones y por qué quedan en 25.000
La ley de Nuevo México permite cobrar hasta 5.000 dólares por cada infracción, y el jurado decidió que cada declaración engañaba una vez a cada persona de su público previsible. Dependiendo de la declaración, contó una infracción por cada uno de los 1.386.648 usuarios activos mensuales de Facebook en el estado en junio de 2020 o por cada uno de los 2.100.000 habitantes de Nuevo México. Al sumar las 26 declaraciones salen 43.899.720 infracciones, más otras cinco por prácticas abusivas. Multiplicado por 5.000 dólares da los 219.498 millones del máximo.
La sentencia enumera los agravantes que avalarían ese tope: la duración, la repetición, la participación de la cúpula y que Facebook sabía internamente lo que negaba en público. Después, en la parte que fija la condena, reduce la sanción a 25.000 millones sin explicar cómo llega a esa cifra. El resultado equivale a unos 570 dólares por infracción y a unos 11.900 dólares por habitante del estado. El estado había pedido entre 35.000 y 40.000 millones, y Meta, no más de 3.450 millones, según Reuters. Para Meta, la sanción equivale a una octava parte de los 200.966 millones de dólares que ingresó en 2025, según la propia sentencia.
Qué responde Meta y qué queda pendiente
C. J. Mahoney, director jurídico de Meta, sostiene que la demanda busca imponer un impuesto a la libertad de expresión y que la sentencia hace casi imposible operar en Nuevo México. «Confiamos en que ganaremos el recurso», añadió, según Associated Press. Los abogados de la empresa argumentaron en el juicio que el estado no demostró que ningún vecino leyera aquellas declaraciones ni sufriera un daño por ellas, y un tribunal superior podría rebajar el número de infracciones y con él la sanción.
En agosto, Meta cerró con el resto de estados un acuerdo de 18.000 millones de dólares que la libraba de futuras reclamaciones por esta filtración. Solo Nuevo México y Florida se quedaron fuera, y la fiscalía de Nuevo México fue a juicio por su cuenta. Torrez ha dicho que el dinero irá a la educación del estado, como exige su Constitución para estas sanciones. El juez todavía tiene que decidir si además obliga a Meta a cambiar prácticas en Nuevo México, una petición que ha dejado para más adelante.
Qué cambia si usas Facebook o Instagram en España
Nada directo. La sentencia aplica una ley de Nuevo México y ni siquiera allí indemniza a los usuarios. Tampoco cambia cómo funcionan hoy Facebook o Instagram en Europa, donde las grandes sanciones a tecnológicas las imponen reguladores con normas comunes de la UE, como en la multa de 890 millones a Google por la DMA, y no un estado por su cuenta. Ajustes recientes como el nuevo control Your algorithm para decirle a Facebook qué quieres ver son decisiones de producto, no consecuencias de este juicio.
El escándalo sí llegó a España. Según la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, solo 44 personas instalaron aquí la aplicación de Kogan, pero los datos de otras 136.941 quedaron accesibles por ser amigos suyos. La AEPD archivó el caso porque las posibles infracciones habían prescrito según la ley de entonces y porque no pudo comprobar que esos datos españoles llegaran a Cambridge Analytica.
Desde 2018 rige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que da a cualquier usuario en la UE derechos que se ejercen directamente ante la empresa. Puedes pedir a Meta una copia de los datos que guarda sobre ti, corregirlos, borrarlos, llevártelos a otro servicio u oponerte a ciertos usos. La empresa tiene un mes para responder, ampliable dos más en casos complejos, y si no contesta o se niega puedes reclamar ante la AEPD, como explica su guía de derechos.
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