Los chatbots tendrán que decir que son IA desde el primer mensaje
La Comisión Europea ha publicado este 20 de julio sus directrices finales sobre el artículo 50. Llegan trece días antes de que las obligaciones empiecen a aplicarse, el 2 de agosto de 2026. Las reglas afectan a empresas europeas y también a proveedores extranjeros cuando sus sistemas se utilizan dentro de la UE.
Un chatbot, un agente o un avatar que converse directamente con una persona deberá avisar desde el principio de que es una IA. Puede ahorrarse el mensaje si resulta evidente, pero la Comisión limita mucho esa excepción. Esconder el aviso en las condiciones de uso o mostrarlo cuando la conversación ya lleva diez mensajes no cumple la guía.
También habrá que avisar a quienes estén expuestos a sistemas de reconocimiento de emociones o categorización biométrica. Las autoridades nacionales vigilarán la mayor parte del cumplimiento y las multas pueden alcanzar 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial anual. En España, la AESIA ha participado en los trabajos europeos y será una de las autoridades implicadas, junto con organismos sectoriales cuando corresponda.
Metadatos para las máquinas, etiquetas para las personas
La norma distingue dos avisos. Quien ofrece un generador de texto, imagen, audio o vídeo tendrá que añadir una marca que puedan leer las máquinas. Quien publique un deepfake deberá mostrar además una etiqueta clara a la persona que lo ve. Los iconos oficiales de la UE son opcionales; informar sobre el contenido sintético no lo es.
Una foto falsa de un político necesita un aviso visible aunque guarde metadatos en el archivo. Nadie debería necesitar una herramienta forense para saber qué está mirando. El código fuente, las correcciones ortográficas y otras ayudas que no cambian el sentido quedan fuera del marcado. Los sistemas lanzados antes del 2 de agosto tendrán hasta el 2 de diciembre para adaptar la marca técnica de lo que generan.
Un texto revisado por una persona no necesitará etiqueta
La norma también cubre el texto generado o manipulado con IA que informa sobre asuntos de interés público. Periódicos, revistas y otros editores no tendrán que etiquetarlo si una persona revisa el contenido de forma sustantiva y alguien asume la responsabilidad editorial.
Pasar el corrector o pulsar “aprobar” sin leer no basta. La persona responsable debe poder examinar el fondo, contrastar fuentes, reescribir y rechazar el texto. Un medio podrá usar IA como herramienta, pero tendrá que demostrar que hubo una revisión real y que nadie se limitó a publicar la salida del modelo.
El uso personal y no profesional queda fuera de esta parte de la Ley de IA. Aun así, un montaje puede vulnerar normas sobre honor, intimidad, propiedad intelectual o protección de datos. Si una cuenta obtiene ingresos de forma habitual con esos contenidos, la Comisión la considera profesional. Los casos más dudosos serán los de pequeños creadores que mezclan afición, publicidad y suscripciones.
El problema aparece cuando la etiqueta se pierde al compartir el archivo
Un estudio encargado por la Comisión admite que ninguna técnica funciona bien en todos los contextos. Los metadatos desaparecen al hacer algunas capturas, las marcas de agua se degradan al recomprimir y los detectores se equivocan. Por eso recomienda combinar procedencia criptográfica, marcas invisibles y detección en lugar de confiarlo todo a un solo sello.
El código europeo de buenas prácticas es voluntario, pero las obligaciones legales no. Las empresas que lo firmen tendrán una forma más sencilla de demostrar que cumplen; las demás deberán justificar su propio sistema. Las plataformas grandes tienen pocos días para enseñar sus etiquetas y las herramientas pequeñas afrontan exactamente el mismo plazo.
La prueba llegará cuando un vídeo pase por tres redes sociales y termine en WhatsApp. Si el aviso desaparece por el camino o queda reducido a una esquina ilegible, la etiqueta habrá servido de poco. Las directrices ya explican qué espera Europa; desde el 2 de agosto veremos cuánto aguanta ese sistema fuera del documento oficial.
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