Donald Trump ha ordenado que los departamentos y agencias del Ejecutivo estadounidense sustituyan «Artificial Intelligence» y «AI» por «Super Intelligence» y «SI» en sus comunicaciones oficiales. La orden firmada el 29 de septiembre incluye páginas web, informes y documentos de política pública. El cambio se refiere al nombre que emplea la Administración, sin exigir que esos sistemas hayan adquirido capacidades nuevas.
La propia orden mantiene, de momento, la definición de inteligencia artificial que ya recoge la legislación estadounidense. Por eso, encontrar «Super Intelligence» en una web federal no significa que el Gobierno haya certificado una máquina superior a las personas en todas las tareas.
A qué documentos alcanza el cambio
Los organismos deben aplicar la nueva terminología en la medida en que lo permita la ley. La instrucción se dirige al poder ejecutivo federal, no impone ese vocabulario a ciudadanos, empresas, medios de comunicación ni administraciones españolas.
El texto tampoco obliga a modificar normas, órdenes presidenciales, contratos, subvenciones u otros documentos históricos ya emitidos. Un contrato anterior que diga «inteligencia artificial» no tiene que reescribirse por esta orden. Esa excepción permite que el nombre antiguo siga apareciendo en documentación oficial.
Una etiqueta distinta para los mismos sistemas
La referencia que se conserva es el apartado 9401(3) del título 15 del Código de Estados Unidos. Describe un sistema de inteligencia artificial como una máquina que, siguiendo objetivos definidos por personas, produce predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. No exige superar la inteligencia humana para entrar en esa categoría.
Es un uso distinto del concepto que emplea el filósofo Nick Bostrom al definir la superinteligencia: una capacidad que aventaja ampliamente a los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos. La diferencia entre AGI, superinteligencia y singularidad pertenece al debate sobre las capacidades de las máquinas. La orden cambia el lenguaje administrativo sin establecer una prueba técnica para medir ese salto.
La explicación de la Casa Blanca defiende el cambio porque considera que el nombre nuevo refleja mejor las posibilidades de la tecnología y su capacidad para ampliar la creatividad humana. Es la justificación política de la medida, no el resultado de una evaluación de los modelos.
Un plazo de 60 días para proponer la definición
La orden encarga a Michael Kratsios, asesor presidencial de Ciencia y Tecnología, una propuesta legislativa para definir «Super Intelligence» a escala federal. Tiene un plazo de 60 días desde el 29 de septiembre para presentársela al presidente, tras consultar con los responsables de las agencias que considere oportuno.
La propuesta debe estudiar si conviene modificar, ampliar o sustituir la definición legal vigente y qué referencias a la IA habría que cambiar. Ese plazo es para entregar una propuesta, no para que una nueva ley entre en vigor. La definición actual seguirá rigiendo la aplicación de la orden hasta que otra actuación presidencial compatible con la ley o una ley del Congreso la sustituya.
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